Los Cabos, B.C.S.- Aun a pesar de la muerte y destrucción, tras el paso de la Tormenta Tropical “Lidia”, figuras públicas del orden político en el estado y municipio, se han visto beneficiados con la emergencia a través las necesidades de la gente, pues han logrado promover su imagen “donando” víveres, ropa y productos de higiene personal que no provienen de sus bolsillos y muchas veces ni de sus propias gestiones; y lo más importante no han iniciado ninguna gestión para erradicar el problema real que sería reubicar a las familias a zonas donde su vida no corra peligro.
La situación de las invasiones en zonas irregulares no es tema nuevo, y ha sido hasta ahora la mejor arma como generador de votos en tiempos de campañas políticas, pues miles de familias asentadas en arroyos, reciben despensas y la promesa de regularizarles predios, sin importar si están o no en zonas inseguras.
Las muertes que dejo a su paso la Tormenta Tropical “Lidia” no han generado conciencia colectiva, pues las familias que vivían en las casas endebles que se las llevó el arroyo en un abrir y cerrar de ojos como “barcos de papel”, han regresado al mismo lugar, pues es ahí donde llega alimento y ropa tanto de la ciudadanía que se volcó de buena fe a su ayuda como de quienes buscan estrechar sus manos recordándoles su nombre y apellido con fines políticos. 
El círculo se vuelve vicioso pues son precisamente las autoridades quienes permiten estos asentamientos, quienes permiten que después de la muerte y de la destrucción ciudadanos regresen a levantar lo caído, lo perdido, donde el peligro sigue siendo latente cada año en temporada ciclónica.
Mantener a estas personas en zonas de riesgo, genera además más gasto al erario público, pues desde que se pronostican lluvias fuertes, tormentas o huracanes deben invertir en la “prevención”, y cuando es necesario evacuar se generan gastos económicos en traslados, y en necesidades (alimento, colchonetas, medicamento, etc) para los “refugios temporales” que instalan y que después de verse rebasados, esperar o solicitar la ayuda federal es una dinámica continua.
Pasada la contingencia, el protagonismo de difundir entregando víveres, ropa y otros artículos en general ha sido tan grande que al menos los diputados locales Lupita Saldaña y Sergio García Covarrubias han comprado hasta publicidad en las redes sociales para que sus publicaciones sean más vistas, pero ninguno de ellos ni otros funcionarios públicos de mayor o menor rango han hecho algo al respecto para gestionar la erradicación del problema, que sería la reubicación de las familias asentadas en zonas de riesgo y no volver a permitir estos asentamientos humanos, pues repartir ayuda humanitaria lo ha logrado fácilmente la sociedad organizada y de los funcionarios se espera más que eso.
El mismo caso es para las familias que perdieron todo en los edificios colapsados en Chula Vista, y Puerto Nuevo construidos por la empresa Homex, donde en estos mementos saber quién otorgó los permisos para construir en zonas de riesgo no cambia nada el hecho que los vecinos lo que exigen es el apoyo de las autoridades actuales para su reubicación.
