El Lic. Héctor Alejandro Aréchiga de la Peña, es notario adscrito
Los Cabos, B.C.S.- Una de las obligaciones de todo funcionario público es renunciar a otros cargos donde su desempeño pueda entrar en conflicto de intereses, situación que no ha sido tomada con seriedad por parte del Director de Catastro de Los Cabos, el Lic. Héctor Alejandro Arechiga de la Peña, quien funge como Notario Adscrito en la Notaría número 10, desde el año 2010.
Su cargo como Notario Adscrito, (donde el Notario Titular es un familiar directo); se puede constatar en la página: http://www.colegiodenotariosbcs.org.mx/directorio-consulta.php, donde con solo teclear su nombre completo arroja una tabla que indica su cargo, número y dirección de la notaría, entre algunas observaciones. 
El Notario Adscrito es aquel que ejerce funciones solo en ausencia del titular; estas ausencias pueden ser por situaciones tan sencillas como por enfermedad y viajes, por lo que él actual Director de Catastro estaría teniendo un conflicto de intereses en cualquier momento, y por ello en un acto de honestidad debería renunciar a uno de sus dos cargos y no esperar a ser forzado.
Por otra parte, la Ley del Notariado en el Estado de Baja California Sur, expresa claramente en el articulo 1, que los Notarios Suplentes, como en este caso, tienen igual capacidad funcional que la de un Notario Titular y los documentos e instrumentos que autoricen tendrán el mismo valor.
Es importante mencionar que el cargo como Director de Catastro le fue concebido por la alcaldesa, Armida Castro, con quien lleva una relación amistosa; cargo público que había desempeñado también en la administración de Antonio Agundez, así como otras direcciones municipales.
Este no es un caso particular de conflicto de intereses dentro de los nombramientos hechos por la alcaldesa Armida Castro, pues a pesar de las criticas mantiene en la Dirección de Transporte Municipal de Los Cabos, a Ramón Ceseña un ex líder de taxistas y quien tiene concesiones de taxis.
*Un conflicto de intereses es cuando un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de la persona servidora pública pueda afectar el desempeño imparcial, objetivo de sus funciones.
